La Unión Europea apuesta por un nuevo marco jurídico europeo para las empresas innovadoras
Actualmente, como Director de Asuntos Europeos en Euro-Funding, cuento con más de 14 años de experiencia en análisis e incidencia política pública europea, especialmente en los sectores de las energías renovables y solar. Dirijo la oficina de representación en Bruselas, establecida en 2022, centrada en programas de financiación europeos como Horizonte Europa y el Fondo de Innovación. También soy miembro del Consejo de Administración de la EAIC, donde colidero el Grupo de Trabajo del Fondo de Innovación y contribuyo activamente a iniciativas de incidencia relacionadas con las negociaciones del presupuesto de la UE para 2028-2034.
Apasionado por la cooperación y la coordinación, me esfuerzo por establecer alianzas estratégicas y supervisar análisis competitivos detallados en toda Europa. Mi función también incluye la gestión de proyectos financiados por la UE para E.DSO, desde la formación de equipos hasta la gestión financiera. Mi objetivo es seguir impulsando el crecimiento de nuestras actividades en Europa, a la vez que reforzo nuestra posición en el ecosistema europeo de innovación e investigación.
El pasado 20 de enero, el Parlamento Europeo dio luz verde a un conjunto de recomendaciones relacionadas con la futura propuesta de la Comisión Europea para establecer un nuevo marco normativo dirigido a apoyar a las empresas dentro de la Unión Europea. Este marco jurídico, conocido como el “régimen 28”, persigue dotar a las compañías innovadoras de un sistema homogéneo de reglas aplicable en todo el territorio comunitario.
El objetivo principal de esta iniciativa es configurar un conjunto normativo único a nivel europeo que impulse la inversión entre Estados miembros y consolide el mercado único. Al mismo tiempo, se pretende facilitar la actividad empresarial transfronteriza, reduciendo los obstáculos legales y administrativos que actualmente dificultan la operativa de las empresas en distintos países de la UE.
Entre los aspectos más destacados de las propuestas del Parlamento Europeo figura la creación de una nueva modalidad de sociedad de alcance europeo, con un marco jurídico común válido en los 27 Estados miembros. Estaría especialmente orientada a sociedades de responsabilidad limitada no cotizadas que tengan su sede en la Unión. Además, el capital social mínimo exigido para su constitución sería simbólico, fijándose en un euro.
Los eurodiputados proponen, además, que el registro sea completamente digital, pudiendo completarse en un plazo de 48 horas. Con ello, se busca agilizar y facilitar lo máximo posible a las empresas el proceso. También apuestan por crear un portal digital multilingüe accesible en todos los Estados miembros de la UE y gestionado por la Comisión Europea para facilitar un funcionamiento fluido, con una comunicación digital con las autoridades y con toda la información disponible y accesible para los inversores.
Medidas para fomentar la inversión y el talento
Con este nuevo marco jurídico, el Parlamento Europeo quiere facilitar el acceso de las empresas de economía mixta a la inversión, es decir, aquellas empresas que combinan diferentes fuentes de financiación. Para ello, buscan ofrecer modelos de financiación alternativos, acompañados de mecanismos de protección opcionales, como la posibilidad de separar los derechos económicos de los derechos de voto. Esto permitiría que un inversor aporte capital y participe en los beneficios, sin tener control en las decisiones estratégicas de la empresa, algo fundamental en proyectos tecnológicos o científicos de largo recorrido.
También proponen normas para atraer y retener a los mejores talentos mediante instrumentos como los planes de participación accionarial para empleados o las opciones sobre acciones. Así, los trabajadores tienen una mayor implicación en el crecimiento de la empresa y se pueden beneficiar de su éxito futuro.
En estas recomendaciones también entra la dimensión territorial. A ojos del Parlamento, las empresas del Sur Europa están perdiendo oportunidades en la comercialización de la investigación. Por ello, solicitan medidas urgentes dirigidas a garantizar una mejor cooperación entre pymes, startups, empresas en expansión e instituciones de investigación en la UE. Recalcan a su vez, la importancia de que las empresas del sur de Europa tengan acceso a un mecanismo especializado y acelerado de resolución de litigios que pueda desarrollarse en inglés.
Alcance político y próximos pasos
Es importante aclarar que estas recomendaciones todavía no son vinculantes. Ahora es el turno de la Comisión Europea que, tras recoger las sugerencias del Parlamento, tienen que preparar la propuesta legislativa que se presentará, según lo previsto, en el primer trimestre de 2026.
Conviene, no obstante, contextualizar el alcance político de esta iniciativa. Las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo reflejan una posición ambiciosa y mayoritariamente favorable a una profunda armonización normativa, pero no prejuzgan el resultado final del proceso legislativo. En particular, algunos de los ámbitos afectados por el futuro 28º régimen —como el derecho laboral, el derecho concursal o determinados aspectos fiscales— siguen siendo competencias sensibles para los Estados miembros, lo que anticipa debates complejos en las fases posteriores de negociación.
En este sentido, la futura propuesta de la Comisión Europea deberá encontrar un delicado equilibrio entre la simplificación y la seguridad jurídica, por un lado, y el respeto a las prerrogativas nacionales, por otro. Una vez presentada la iniciativa legislativa, previsiblemente en el primer trimestre de 2026, será el Consejo de la UE quien represente las posiciones de los Estados miembros en las negociaciones con el Parlamento. El grado de consenso que se alcance en esta fase será determinante tanto para el contenido final del régimen como para su calendario de adopción y entrada en vigor, que, en un escenario realista, podría situarse entre 2027 y 2028.
Se trata una apuesta sólida de la UE por crear un marco jurídico con normas uniformes y armonizadas, que permitan a las empresas crecer y expandirse, sin verse limitadas por la fragmentación normativa derivada de los diferentes regímenes nacionales. Con ello, la Unión Europea busca también fortalecer la competitividad de las empresas europeas, especialmente entre las empresas emergentes.
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